Ena von Baer

VOY A GANAR

Luego de recorrer con el tractor amarillo cada una de las comunas que forman parte de la Araucanía Sur,  de escuchar a sus autoridades, dirigentes comunitarios y sobre todo a ustedes que forman parte de esta hermosa zona,  estoy convencida que  necesitamos un cambio.

El cambio de gobierno que nos ofrece Sebastián Piñera, para potenciar a una de las regiones con los peores índices de desarrollo social, en  salud, educación, con graves problemas de seguridad ciudadana, y donde nuestra agricultura se muestra, cada vez  con mas decaída.

Así también se necesita un cambio de los  representantes de la Araucanía, en el Congreso Nacional,   ustedes  son quienes me han manifestado, que  los candidatos solo están cuando necesitan los votos, que después no se acuerdan de las comunas mas apartadas, que sus oficinas se cierran y ya no hay mas atención para la comunidad.
Esto no es difícil comprobarlo, cuando los diseños de las diferentes obras viales, camino o puentes,  sistemas de  cobertura de salud y educación, son  elaborados en la capital y aprobados por nuestros senadores, desconociendo los verdaderos efectos que esas políticas, generan en nuestros vecinos.

Por eso mi desafío es hacer de la política la forma de mejorar la vida, de quienes mas lo necesitan, no me olvido  de esa mujer  de  Imperial, que con cara de acongojada me decía que hacía mucho tiempo no reía, no tenía motivos, de esas artesanas de Villarrica que con tanto tramite no logran vender sus productos, al igual que ese hombre desempleado, que encontré Pitruquen, y me  hablaba de sus penas al no poder ayudar a sus hijos para continuar sus estudios .

Los habitantes de estas comunas  me pidieron  un compromiso de trabajo en terreno, lo firme y mi palabra vale.  Confiada en su respaldo,  voy a iniciar  mi labor a favor de ustedes, que me dijeron,”Usted va a ganar”  y conmigo les aseguro, vamos a llegar todos al Congreso Nacional…

Un abrazo cariñoso

Ena von Baer  B -4

VIOLENCIA EN LA ARAUCANÍA

El Mercurio. El recrudecimiento de la violencia volvió a atraer el interés de la opinión pública a la Araucanía. Sin embargo, aunque no sea mencionado en los medios de comunicación, la violencia ha asolado la zona permanentemente desde principios de los 90. Cabe preguntarse entonces por qué los gobiernos de la Concertación, que han entregado más de 650 mil hectáreas a las comunidades indígenas, no han logrado reestablecer el Estado de Derecho. La respuesta está en la actual política indígena y específicamente en la política de entrega de tierras.

Según el enfoque actual de la Ley, la conservación de la cultura indígena se basa en la tenencia de tierra por parte de las comunidades. La consecuencia de esta visión ha llevado a una política pública altamente ruralizante, y a la segregación de las comunidades indígenas. Durante los gobiernos de la Concertación más de la mitad del gasto público se ha concentrado en el Fondo de Tierras y Aguas, lo que es contradictorio con el hecho de que 65% de los indígenas vive en zonas urbanas. A esto se suma que según la Encuesta Mapuche del Centro de Estudios Públicos, la mayoría de los mapuches no liga la cultura a la tierra, sino que a la lengua (57%) y a los apellidos (49%). Por otra parte, si bien los mapuches consideran que la recuperación de tierras debiera ser una de las tres preocupaciones más importantes del Estado respecto de los pueblos indígenas (35%), esta inquietud empata con la pobreza (34%) y es seguida de cerca por la educación (30%). Lo interesante es que en zonas rurales la pobreza ocupa el primer lugar (37%), produciéndose en el segundo lugar un empate entre la recuperación de tierras y el empleo (32%). Frente a estas contradicciones cabe preguntarse si estamos en el camino correcto.

Podemos hacer la misma pregunta respecto a la implementación de la compra de tierras. La Ley Indígena establece dos mecanismos para acceder a tierras por parte de las comunidades indígenas. El primero es el subsidio, según el cual debiera adjudicarse las tierras a aquellas comunidades que obtengan mayor puntaje según mecanismos de evaluación objetivos. Sin embargo, actualmente el Consejo de la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi) puede reordenar la lista de comunidades favorecidas. El segundo es la compra directa, que según el espíritu de la Ley Indígena debiera haber sido utilizado sólo para aquellos casos en que las comunidades hubieran perdido las tierras por conflictos jurídicos. Sin embargo, la propia Conadi reconoció en el documento “Política de Tierras” de 1999 la inexistencia de una cuantificación objetiva de las tierras en esa condición y por lo tanto la existencia de un espacio para que la demanda por tierras fuera infinita. El mismo documento plantea que esta situación generó “grandes presiones hacia la Conadi y una gran frustración de las comunidades y personas al no tener respuesta a sus expectativas”. Sin embargo, aún no se ha realizado una cuantificación objetiva de las tierras que serán adquiridas por compra directa. Mientras no se establezca con claridad cuántas son las tierras que el Estado va a entregar por compra directa, las comunidades nunca verán satisfechas sus expectativas, porque la demanda por tierras obviamente no acaba.

Adicionalmente, como ambos mecanismos de compra de tierra son discrecionales, abren espacios para que las comunidades opten por la violencia para presionar a las autoridades para acceder a tierras. A esto se suma que las tierras adjudicadas no se acompañan por programas eficientes de producción, por lo que las comunidades no logran salir de la pobreza.

La violencia de esta semana refleja justamente la problemática descrita. La comunidad Requem Pillán de la cual era miembro el joven mapuche Jaime Mendoza que falleció en un enfrentamiento con Carabineros esta semana, reivindica el fundo San Sebastián, siendo que recibió 910 hectáreas de la Conadi el 2001.

El Gobierno sostiene que la violencia en la Araucanía se debe al éxito de la política indígena. Sin embargo, los logros de una política no se miden según la cantidad de fondos invertidos, sino que respecto a los resultados y el panorama actual muestra hechos de violencia que afectan hace 20 años las posibilidades de desarrollo de una de las regiones más pobres del país.

Ena von Baer

MI TRACTOR AMARILLO Y LA DESCENTRALIZACIÓN

Creo que uno de los primeros pasos para avanzar en los problemas que afectan hoy a la Araucanía es que exista coordinación y trabajo conjunto entre las distintas autoridades de la región para luchar unidos por los intereses de nuestra tierra.

Adicionalmente creo que la única forma que Chile sea un país desarrollado es que avancemos decididamente en la descentralización. Hoy necesitamos políticos que busquen el poder para compartirlo y dispersarlo, más que para concentrarlo.

Por estas razones, como mujer, joven y comprometida con mi región, anuncio que a partir de hoy inicio una gran cruzada por la regionalización. Voy a recorrer toda la Araucania para recoger las inquietudes de las autoridades locales, alcaldes, concejales, organizaciones territoriales y funcionales. Pretendo llegar toda la Araucania: porque todos deben ser escuchados.

La regionalización y el trabajo en conjunto por la Araucanía son una misión para mi. Y como una forma de simbolizar el trabajo, la fuerza, el optimismo y el arraigo en la tierra voy llegar a cada rincón de la Araucanía, en este TRACTOR AMARILLO, que a partir de ahora será el símbolo de la regionalización y la inauguración de una nueva forma de ejercer el cargo de senadora.

VOTO VOLUNTARIO ES IGUAL A MÁS DEMOCRACIA

Según la encuesta del Centro de Estudios Públicos, la razón mayoritaria de los no inscritos para no participar en las elecciones es que no les interesa la política (43,8%). De hecho, el creciente desinterés de los chilenos por la política no se refleja sólo en la caída de la participación electoral, sino que también en la disminución de la identificación con algún sector; de acuerdo con el mismo sondeo, un 50% de los ciudadanos no se identifica con ningún conglomerado político. Adicionalmente, sólo un 8% de los ciudadanos confía en los políticos. Frente a este cuadro hay dos posibilidades: obligar a los ciudadanos a participar en los procesos electorales, independientemente de si les interesa o no, o generar los incentivos para que los partidos políticos sean los forzados a convocar a los ciudadanos.

La participación electoral depende de los costos y beneficios que perciben los ciudadanos respecto al acto de votar. Los costos dependen de lo difícil que sea informarse y de los arreglos institucionales en relación con la inscripción y el acto mismo de votar. Los beneficios varían según la convicción respecto a la importancia de participar en los procesos democráticos y de lo crucial que sientan los ciudadanos que es cada elección en particular.

Ambos factores dependen fuertemente del trabajo de los partidos políticos. Son ellos los que tienen la tarea de bajar los costos de información de los ciudadanos respecto a la elección y también son los responsables de hacer propuestas programáticas atractivas y diferenciadoras que aumenten el interés de los ciudadanos por participar. En un escenario de voto obligatorio, dado que los ciudadanos son un mercado cautivo, los incentivos de los partidos para hacer este trabajo bajan en forma importante. Esto significa que están obligados a votar por alguien, aunque ninguna de las alternativas los entusiasme. En tanto, en el contexto del voto voluntario, los partidos tienen el incentivo de romper la indiferencia ciudadana entusiasmando a los votantes con sus planteamientos, para que concurran a votar. La pregunta es entonces dónde queremos poner el peso de la prueba: ¿en los partidos o en los ciudadanos?

Desde otra perspectiva se ha planteado que el voto obligatorio aumenta la participación electoral y, por lo tanto, mejora la calidad de la democracia y la legitimidad de los resultados electorales. Si bien la primera aseveración es correcta, la segunda es rebatible. La literatura muestra que cuando el voto no es obligatorio, las personas que están más informadas y tienen una intensidad de preferencia mayor van a votar. Por su parte, las menos informadas y para las que el resultado electoral es indiferente se quedan en sus casas. En tanto, cuando el voto es obligatorio, las personas menos informadas y desinteresadas concurren al lugar de votación, pero votan al azar. Eso significa que el resultado electoral se distorsiona. Por lo tanto, el voto obligatorio no mejora necesariamente la calidad de la democracia y menos la legitimidad del resultado electoral.

Por otra parte, los resultados de la encuesta del CEP muestran que la segunda razón por la que las personas no se inscriben en los registros electorales es porque si lo hacen, los obligan a votar (19,3%). Por lo tanto, al aprobar el voto voluntario, estaríamos rebajando los costos de los ciudadanos para participar de los procesos electorales. Además, aunque sólo un 5,8% de los no inscritos da una razón relacionada con el sistema de inscripción para no participar, la inscripción automática sería un avance respecto a la reducción de costos para los ciudadanos. Sin embargo, en relación con este punto, también es importante implementar un sistema que resguarde un padrón limpio y legítimo.

Finalmente, la mayoría de los ciudadanos -sobre el 80%, según la Encuesta de Inscritos y No Inscritos de Libertad y Desarrollo- prefiere el voto voluntario. Establecer entonces el voto obligatorio iría en la línea de una democracia que obliga a sus ciudadanos a ser libres.